La multinacional ilegal UBER pretende continuar operando a pesar de que en segunda instancia la Justicia de la CABA determinó que la empresa no puede operar en el país, ya que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó el bloqueo nacional de las plataformas digitales por las cuales se realiza el pago del servicio. Establece además que la empresa organiza una actividad lucrativa sin autorización y que entonces se encuentra provisoriamente demostrada la materialidad ilícita de su actividad.
Es dable destacar, según informa el diario Clarín, que son tres las causas judiciales contra UBER. Una es por evasión tributaria y lavado de dinero y la lleva adelante la Justicia en lo Penal Económico de la Nación. Otras dos están en manos de la Justicia de la Ciudad.
El Fiscal porteño Martín Lapadú explicó: “Hay acciones contravencionales contra los directivos de UBER por organizar un servicio sin la debida autorización y por violar la clausura de la web y de la aplicación. Esperamos que en mayo o junio podamos celebrar el juicio. Por otro lado, hay una causa penal por evasión; para llamar a indagatoria nos falta un decreto de la AGIP.”
Lo que tiene que comunicar la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) es cuánto debería haber pagado UBER en concepto de Ingresos Brutos, un impuesto que tributa en la Ciudad. Y es en el marco de esta causa que los directivos de UBER Argentina temen ir presos, porque el delito de evasión tributaria se castiga con penas de 2 a 6 años de prisión o reclusión. Por lo cual, según informó el Ministerio Público, los gerentes Diego Oliveira y Fernando Cae pidieron su eximición de prisión.
¿Qué es lo que complica judicialmente a UBER?
En el mes de marzo, a pedido del Fiscal Lapadú, se allanaron en forma simultánea dos financieras, a través de las cuales esa empresa envía grandes sumas de dinero al exterior sin pagar impuestos. Una es Schweber Securities S.A. que sería la que transfiere el dinero de los viajes a bancos europeos y asiáticos. Luego, según las investigaciones, UBER reintroduce al país el 75% de ese dinero, a través del pago a sus choferes mediante diferentes financieras. Una es Vuelta Group S.A. que también fue allanada.
Fallo judicial: El martes 9 de mayo la Jueza Claudia Alvaro, titular del Juzgado Nº 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, confirmó al fiscal Martín Lapadú en la instrucción de la causa que el Ministerio Público Fiscal lleva contra UBER, luego de que la defensa de la empresa pidiera apartarlo. Es el quinto pedido fallido que la empresa hace para apartar al fiscal.
Funcionarios del poder judicial como la Jueza Claudia Alvaro y el Fiscal Martín Lapadú mantienen en nosotros, los ciudadanos, viva la fe en que hay funcionarios probos que enaltecen el cargo que ejercen y enfrentan los intereses más poderosos con la noble finalidad de administrar justicia de verdad.
También queremos expresar nuestra sincera opinión sobre quien oficia de abogado defensor de la multinacional UBER, el Dr. Ricardo Gil Lavedra, cuya primera gestión en esta causa fue recusar al Fiscal Martín Lapadú. Qué penoso, qué lamentable resulta su actuación. Al recordar su participación en el Tribunal que juzgó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, destacado constitucionalista y senador de la Nación, no podemos más que sentir pena por el triste papel que aceptó desempeñar.